La compra de votos no es algo novedoso. Es una vieja práctica del marcado vicio electorero que caracteriza a muchas campañas politiqueras, de las que todos saben cuáles son, pero que nadie se atreve a denunciarlas, por complicidad o por complacencia.

En Barranquilla, por ejemplo, es vox populi el precio del voto en el mercado actual: $90.000 en unos casos, $100.000 en otros y hasta $500.000 como lo denunció recientemente la Misión de Observación Electoral (MOE).

Por eso, el candidato al Concejo, Antonio Del Río, número 15 en el tarjetón del Centro Democrático, sostiene que con tanto conocimiento de causa, frente a este delito electoral, lo que hay que hacer es que pasar a las acciones que conduzcan a castigar a quienes incurren en este delito.

“Me siento preocupado e impresionado del conocimiento que tiene la gente por la compra de votos y que los proyectos para llegar al Concejo se fundamenten en cuántos votos pueden comprar”, señaló Del Río quien advirtió que “no pretendo descubrir el agua tibia sino, simplemente, de llamar la atención para judicializar a los responsables”.

El caso más generalizado es el de la cotización del voto a $50.000 para el sufragante, más $15.000 para el capitán o mochilero, más el transporte y la logística, lo que lleva a un valor final de $90.000.

“Es un problema que todos conocemos, la MOE lo conoce, el Consejo Nacional Electoral también. Entonces, mi denuncia es por qué no se hace absolutamente nada?”, agregó.

Llamó la atención sobre el hecho de que los ediles devengan $5.100.000 mensuales, es decir $61.200.000 al año, mientras que los alcaldes menores ganan igual que el Alcalde Mayor, $12 millones “y como no hay descentralización no hacen nada”.

Planteó, entonces, realizar un censo por localidades, en cooperación con el Dane, para determinar quiénes son los que realmente habitan en ellas, establecer los puestos de votación y controlar más efectivamente los casos de trashumancia.

Así, “cuando aparezcan los buses la Fiscalía le tome declaración a esas personas ofreciéndoles recompensas para que denuncien y poder saber quiénes están detrás de todo esto. Lo que tenemos que hacer es la judicialización, porque constituye una falta grave”.

En su concepto, lo que ha venido ocurriendo es que se hacen denuncias y se anula la inscripción de cédulas, “y con ello lo único que pasa es que cambian de tienda. Ahora, si capturan a guerrilleros y paramilitares con recompensas, por qué no hacerlo con los mochileros?”.

En concreto señaló que “normalmente” familias enteras de barrios como Las Nieves votan en el puesto Tres Avemarías “con el agravante que también eligen ediles de esa localidad sin ser habitantes de ella. Lo que hay que preguntar también es por qué en un día de elecciones 30 y hasta 40 buses llevan personas a votar a Puerto Colombia. Como todos conocen a sus vecinos y saben quienes viven en las localidades, lo que las personas deben hacer es convertirse en veedoras para denunciar y judicializar a quienes incurran en esa situación”.

Para el 25 de octubre pidió una presencia masiva de la Fiscalía y organismos de seguridad encubiertos en todos los puestos de votación y zonas aledañas, para enfrentar este delito de manera contundente y llegar hasta los autores intelectuales del mismo.